El fiscal Di Lello pidió la elevación a juicio de la causa por las escuchas ilegales – Tiempo Argentino

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25.08.2012 | Acusó a Mauricio Macri, "El Fino Palacios", Ciro James y Mariano Narodowski de integrar una "asociación ilícita"
El fiscal Di Lello pidió la elevación a juicio de la causa por las escuchas ilegales
El dictamen irá a la Cámara de Casación para que se sortee el Tribunal Oral Federal que llevará adelante el debate. Esto coloca al jefe de gobierno porteño en la recta final del proceso que se inició hace ya tres años. Los plazos.
Por: Néstor Espósito
El fiscal federal Jorge Di Lello presentó ayer al juez Norberto Oyarbide el dictamen acusatorio con el cual el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y poco menos de una decena de imputados, afrontarán un juicio oral y público acusados de integrar una "asociación ilícita" enquistada en la administración de la Capital Federal, que habría montado una suerte de central clandestina de inteligencia para espiar a enemigos políticos y familiares. El dictamen de Di Lello completó la etapa acusatoria previa a que el expediente, voluminoso y de unos tres años de tramitación intensa, pase por la Cámara de Casación para que se sortee qué Tribunal Oral federal llevará adelante el debate. A partir de ahora, los tiempos se acortan.

No sólo por la temperatura judicial de un proceso que encara su recta final, sino también porque el Código Procesal establece plazos exiguos para pasar a la próxima instancia. Primero requirieron los querellantes, ahora lo hizo el fiscal, y la semana próxima el juez Oyarbide deberá correrles vista por el término de seis días a las defensas de los imputados. El plazo es prorrogable, pero no mucho. Fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino estimaron que "para fin de año ya debería estar designado el tribunal que celebrará el juicio".
Junto con Macri deberán comparecer en ese proceso oral el frustrado jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios; el policía acusado de fungir como "espía", Ciro James; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski; el ex juez de Posadas Luis Rey (también estaba procesado su colega Horacio Gallardo, pero murió y en consecuencia se extinguió la acción penal); la ex secretaria judicial Mónica González y cuatro policías misioneros: Raúl Alberto Rojas, Rubén Quintana, David Santiago Amaral y Antonio César Fernández.
Todos están imputados por haber, presuntamente, participado de una compleja maniobra, que incluyó el armado de causas por delitos inexistentes en Misiones, para darles un manto de legalidad a intervenciones telefónicas mediante las cuales se escudriñaban los movimientos del cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo; los del dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein –quien se oponía a la designación de Palacios en la Metropolitana–, al empresario Carlos Ávila y a dos gerentes del hipermercado Coto. Según el dictamen, Narodowski contribuyó al armado de la asociación ilícita dando cobijo laboral a Ciro James, quien aspiraba a un cargo jerárquico en la Metropolitana, tenía cercanía con Palacios y habilidades para fisgonear. Así, la organización habría falsificado documentación pública y utilizado fondos públicos porteños para solventar los gastos, que incluían equipamiento tecnológico y pagar sueldos por servicios diferentes a los declarados. De hecho, resulta difícil de entender qué hacía James en el Ministerio de Educación. Los policías que irán a juicio están acusados de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público".
Macri, según el procesamiento confirmado por tres instancias judiciales (el juez Oyarbide, la Cámara Federal y la Cámara de Casación), "conoció y prestó su conformidad para instalar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido". La imputación no considera a Macri como el cerebro de la organización, pero sí le reprocha que "conoció y prestó su consentimiento" para que funcionara. Casi como si fuera un empleado del "Fino" Palacios, a Macri –según la acusación– le tocó "asegurar, como máxima autoridad del Estado (la Ciudad de Buenos Aires), que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de sus recursos y, de tal suerte, pueda funcionar".  Esa función "estuvo acompañada de la facilitación de los medios materiales que fuesen necesarios".
Lo que sigue ahora está especificado en el Artículo 349 del Código Procesal Penal. Bajo el titulo "Facultades de la defensa", establece que "siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de seis días deducir excepciones no interpuestas con anterioridad y oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento". El texto añade que "si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de tres días de vencido el plazo anterior". Funcionarios judiciales sacaban cuentas ayer y especulaban con que si esos "traslados" a las defensas se hicieran individualmente terminarían de ser contestados en unos dos meses. Sea cual fuere el cálculo de tiempo que se aplicara, en el peor de los casos la causa estará lista para el paso siguiente antes de que finalice 2012.  «

la CTA denunció prohibición de asambleas sindicales

La decisión del gobierno porteño de prohibir las asambleas de sus trabajadores sin autorización previa, fue denunciada ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que lidera el docente Hugo Yasky. En un comunicado, la organización confirmó que interpuso una “acción declarativa de inconstitucionalidad”, por considerar que la Resolución Nº 40/12, anticipada por este diario e implementada por el ministro de Modernización Andrés Ibarra, “no sólo viola normas legales que consagran expresamente ese derecho sino que remite a la metodología utilizada por la última dictadura militar, en cuanto avasalla la libertad sindical y el derecho más básico y elemental del sistema democrático como es el derecho de reunión”.
La denuncia ante el máximo tribunal porteño buscará anular la decisión del área de Modernización, que tiene a su cargo la política de recursos humanos sobre los 140 mil empleados estatales contratados por el estado capitalino. A ese recurso de inconstitucionalidad, la CTA sumará una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ese organismo, integrante de Naciones Unidas, ya recibió la semana pasada un reclamo por violar la libertad sindical en contra del gobierno porteño por parte de los metrodelegados. Las dos denuncias se suman la advertencia que hizo la OIT a la administración PRO, por no respetar el derecho a huelga de los trabajadores del Teatro Colón.

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