Sentencia favorable a los trabajadores s/ reglamentación de asambleas

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO DEL TRABAJO Nro.: 72
Sentencia Nro: 2.972.-
Expte. Nro.: 16.036/2013
AUTOS: “ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO A.T.E. c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ JUICIO SUMARÍSIMO”
Buenos Aires, 11 de junio de 2013.
VISTOS:
Estas actuaciones, que tramitan con el número 16.036/2013, en estado de dictar sentencia, de las que resulta:

a) Con el escrito de fs. 6/17vta., el 26 de abril de 2013 se presenta la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E) y demanda al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con fundamento en lo normado en los arts. 47 y 63 de la ley 23.551, a los fines de conseguir que se decrete la nulidad absoluta de la resolución Nº527–EATC–11, por considerarla violatoria de derechos y garantías de jerarquía constitucional.

Relata que la Dirección General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón dispuso una serie de medidas tendientes a reglamentar las asambleas de trabajadores, en forma unilateral y sin intervención de la representación de los trabajadores.

Precisa, al respecto, que la resolución aquí cuestionada dispone que las Asociaciones Sindicales peticionantes deberán informar con anticipación la fecha de la realización de la asamblea o reunión de trabajadores y, en su caso, solicitar la asignación de un lugar específico para llevarla a cabo así como también condiciona su comienzo y su finalización a los ensayos y actividades programadas.

Sostiene que, a su entender, tales medidas afectan derechos constitucionales vinculados, en lo esencial, a la libertad sindical y vierte diversas consideraciones en sustento de su tesitura. Ofrece pruebas; hace reserva del caso federal y solicita que, en su oportunidad, se haga lugar a la demanda, con costas.

b) A fs. 84/98 contesta demanda el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Niega los presupuestos en los que se apoya la acción deducida, así como también analiza sumariamente las cuestiones planteadas en el escrito de inicio y, según las cuales, concluye que la resolución atacada no afecta el libre ejercicio de la libertad sindical invocada en la demanda.

Ofrece pruebas; hace reserva del caso federal y peticiona la desestimación de la acción incoada a su respecto

c) En función de lo actuado en la audiencia de fs. 109 del 4/6/2013, quedaron los autos en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I. Que analizada desde el plano formal no resiste el menor análisis la Resolución 0527/EATC/2011 firmada por el Director General y Artístico del Teatro Colón.

En tal sentido destaco que el Artículo 23, inciso e), de una Ley nacional, la Nº 23.551, establece que la Asociación (por el “sindicato”), a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos: … e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. Bastaría con esta enunciación para hacer lugar a la declaración que se peticiona en la demanda, pues elementales nociones de teoría general del derecho (impartidas en un colegio secundario), nos señalan que un Director General y Artístico de un Teatro, que depende de un Gobierno municipal, no puede ir en contra de una ley nacional, ni pretender reglamentar o restringir un derecho que la Ley, de rango superior, ha dado en forma ilimitada.

Ameritaría que le imponga las costas al Sr. Pedro Pablo García Caffi, firmante de la resolución que ha provocado este inútil dispendio jurisdiccional, solución que no adoptaré porque no ha sido demandado en forma personal y, por lo tanto, no ha tenido oportunidad de defenderse en la causa.

II. Analizada desde el plano sustancial, la Resolución 0527/EATC/2011 afecta insalvablemente los derechos humanos de los trabajadores que componen el colectivo que se desempeña en el Teatro Colón de la C.A.B.A. Entre esos derechos, los de reunión, asociación y expresión.

Comparto, con Mario Ackerman –entre otros– que “es inescindible la relación entre los derechos humanos fundamentales y la libertad sindical, explicitada en buena medida en la Resolución de la conferencia Internacional del Trabajo del año 1970” (Libertad Sindical, Tratado de Derecho del Trabajo, Dirigido por él y coordinado por Diego Tosca, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2007, Tomo VII, p. 81).

Decía que son varios los derechos civiles afectados por la Resolución cuestionada, en particular los de asociación, reunión y expresión, todos reconocidos por la Carta Magna. Al respecto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones dicho que “la Declaración de Filadelfia, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1944 e incorporada a la Constitución de la OIT en 1946, reconoció oficialmente la relación existente entre las libertades públicas y los derechos sindicales. En ella se proclama, en el artículo I b) que las libertades de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante, refiriéndose en el artículo II a) a los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana”. (O.I.T., 8va reunión, 1994, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, páginas 13/14, párrafo 24.).

Memora el recordado Maestro Justo López, en su clásica “Libertad Sindical” (Derecho Colectivo del Trabajo, AAVV, Ed. La Ley 1998, p. 86) que en esa Resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1970, ya referenciada, se hizo especial hincapié, en el artículo 2º de la Resolución, en la libertad de opinión y expresión y, en particular, de sostener opiniones sin ser molestado, y de investigar y recibir información y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (inc. b) y el derecho de reunión (inc. c). Frente a tamaña claridad, que se pretenda que se realicen las asambleas en los lugares que el empleador digite y en horarios acotados, no es razonable.

En nuestra Carta Magna se estableció como la garantía a los gremios a: concertar convenios colectivos de trabajo y el derecho de huelga, entre otro (Art. 14 nuevo) y es evidente que esas garantías han de llevarse adelante con la participación de los trabajadores organizados, siendo la asamblea el órgano en el que insustituiblemente manifiestan su voluntad (Art. 20, inc. a, Ley 23.551).

Gremio y no Sindicato es el titular del derecho. El Gremio, como ente abstracto que nuclea un colectivo, se compone de trabajadores que tienen derecho a reunirse (Art. 4 Ley 23.551), con prescindencia del sindicato con el que simpaticen y es por ello que consideré irrelevante si la Asociación aquí peticionante es minoritaria o mayoritaria.

III. Dice la demandada que el Comité de Libertad Sindical y Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (que destaco son dos órganos distintos, no uno como aquí se lo menciona) resolvió a propósito de la Queja Nº 2037 contra el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, que “la concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado” (relativo a las facilidades para el desempeño rápido y eficaz de las funciones de los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos).

Es lógico que así se resuelva en el seno de los órganos de control de la OIT, que velan por un ejercicio equilibrado de los diversos derechos involucrados en una hipótesis de pugna. Así fue expresamente regulado en el artículo 6.2 del Convenio 151 sobre Relaciones de Trabajo en la Administración Pública (Nº 151 del 7/6/1978, aprobado por Ley 23.328)

Sin embargo, en dicho precedente nada se dice sobre la forma en que habrá de procurarse el mentado equilibrio, siendo hartamente conocida la prioridad que se le otorga al diálogo social, como herramienta en las génesis de reglamentaciones restrictivas. En esta acción de amparo desde el primer párrafo del capítulo VI del escrito de inicio (fs. 8 in fine) se cuestiona la imposición unilateral de la medida y sobre ese punto, la demandada no se defendió.

IV. En el dictado de la Constitución no se imaginó que a la realización de derechos colectivos tan claros, se le pudieran oponer alguna vez razones de carácter individual, impuestos desde el criterio de quien ejerce transitoriamente un cargo ejecutivo. Y hago alusión a las razones individuales porque en vez de esgrimir otros derechos colectivos que podrían poner en tela de juicio la preeminencia relativa de la libertad sindical, como los del derecho de la población a tener cultura, educación y esparcimiento, por ejemplo; con un corte netamente liberal sólo ha preocupado al firmante “no entorpecer el normal funcionamiento” de la repartición y nada ha explicado en la resolución qué consistiría. En la contestación de demanda explicó que entiende por ello que no se vean afectados los servicios brindados por el GCBA, que no se vea entorpecida la continuidad de las tareas para aquellos trabajadores que eligen no participar en la asamblea gremial y, que se pueda disponer de un espacio físico para que los trabajadores que participen de la misma puedan hacerlo en condiciones adecuadas. Párrafo seguido pone a la luz que no es la seguridad de los trabajadores lo que le molesta, sino la visibilidad de la asamblea.

Luego afirma la demandada, con singular desparpajo, que el impacto de las asambleas de ATE no está determinado por el discurso del orador o por la riqueza del debate (como si el empleador pudiera opinar sobre ello), sino que lo que las caracteriza es el uso de bombos y elementos de estruendo, claramente perjudiciales, por ejemplo, en las actividades que requieren mayor concentración, como los ensayos.

Que las asambleas sean visibles o que sean ruidosas, no es algo que la Administración pueda reglamentar sin dar intervención a los trabajadores. Deberá recurrir al diálogo social para concertar las acciones mediante las cuales se podrán llevar una pacífica convivencia entre las necesidades de los trabajadores y las de la Administración. A lo mejor en dicho diálogo puede surgir el interés común entre trabajadores y empleadores por otro derecho colectivo, como lo es la cultura, la educación y el esparcimiento. Imponer medidas restrictivas de derechos constitucionales es, ni más ni menos, poco democrático (ni qué decir que si lo hace un mero director de teatro).

Y puse de resalto otros derechos, como el de “a la educación”, porque es una expresión de la personalidad humana, por lo que los aspectos esenciales que hacen a su protección y dignificación forman parte de los principios que constituyen el núcleo de valores permanentes del ser humano en los que se basan los derechos humanos o fundamentales (LIVELLARA, Carlos Alberto, Derechos y garantías de los trabajadores incorporados a la Constitución reformada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, p.14.).

A propósito de un conflicto semejante, con criterio que comparto Ricardo Francisco Seco y Alejandra Edith Moyano dijeron que cuando se produce la colisión de derechos fundamentales debemos jerarquizar uno sobre otro de manera que uno pueda ser considerado superior al otro en situaciones de conflicto. A tal fin será preciso encontrar un punto de equilibrio basado en criterios como el de razonabilidad o el de proporcionalidad, lo que llevará a la conciliación de esos intereses (“El derecho a la educación ¿límite al derecho de huelga?. El polémico caso “Frank” del Mandamus ríonegrino”, en RDL Actualidad 2009-2, 307).

Hay que confiar en las instituciones de la democracia. Y si por acciones colectivas o pluriindividuales se afectan sus servicios, la demandada tiene a su disposición un Poder Judicial que prontamente resolverá la cuestión, amén que ello puede preverse con reglamentos negociados colectivamente en épocas de paz (tal como lo propone el artículo 8º del Convenio OIT Nº 151, ya citado), lo que garantiza razonabilidad y proporcionalidad en el reglamento a adoptar.

V. Como lógica consecuencia habrá de hacerse lugar al amparo interpuesto por la actora, dejando sin efecto en los términos del artículo 47 L.A.S. la Resolución 0527/EATC/2011, en cuanto manda al sindicato que deba solicitar la asignación de un espacio físico para la realización de las asambleas (Art. 1), y por estar pautados los horarios con criterio restrictivo (Art. 2), por ser violatorios de una norma de rango superior, como lo es Artículo 23, inciso e), Ley 23.551, ítems que podrán ser regulados sólo de mediar una negociación colectiva en la que se definan los valores en pugna para garantizar los derechos derivados de la libertad sindical con el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado.

En la intrascendencia lógica de toda sentencia de primera instancia, no impongo el proceso de negociación en este expediente porque no me ha sido solicitado y porque según surge de la causa, hay otras organizaciones sindicales involucradas en la temática que deberían participar de dicho proceso. Esa sería una alternativa posible, a la luz de lo dispuesto en los artículos 43 CN y 47 LAS

VI. Las costas del juicio se imponen a la parte demanda, pues fue vencida y, en ese marco, no hallo mérito para eximirla parcialmente de costas (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.).

Al momento de la regulación de honorarios, se tendrá en cuenta la importancia y el mérito de la labor desarrollada, así como su influencia en el resultado del litigio. Para su valuación consideraré el valor promedio de la remuneración de un Juez Nacional de Primera Instancia.-

A los honorarios, de corresponder, debe adicionarse el porcentual de I.V.A., denunciado que sea el Nro. de C.U.I.T. y la situación de inscripción ante el I.V.A. por los profesionales. (Criterio impuesto por la C.S.J.N. en C.181 – XXIV – 16.6.93 en autos “CIA. GRAL DE COMBUSTIBLES S.A. S/RECURSO DE APELACION”).-

Por lo discurrido y citas legales vertidas,

FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda promovida por la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO A.T.E. y declarar, en consecuencia, la nulidad de la Resolución 0527/EATC/2011 del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 2) Costas a la parte demandada. 3) Regulo los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y los de la demandada, en la suma de $15.000 y $11.000 respectivamente, expresada en valores vigentes al presente pronunciamiento. Cópiese, regístrese, notifíquese, intégrese la tasa judicial y, oportunamente, con citación fiscal, archívese.

Raúl Horacio Ojeda
Juez Nacional
Poder Judicial de la Nación

Sentencia Asambleas Teatro Colón

2 comentarios en “Sentencia favorable a los trabajadores s/ reglamentación de asambleas

  1. y entonces? como se justifican ahora los sumarios que nos pusieron? si estabamos en todo nuestro derecho de ESTAR EN UNA ASAMBLEA AUTOCONVOCADA? Quien nos resarce de todo lo que sufrimos por la caratula “ocupacion violenta del escenario” con que caratularon nuestro sumario y que no era NI MAS NI MENOS UNA ASAMBLEA SOBERANA DE TRABAJADORES QUE SE REUNIO EN EL LUGAR QUE SE PUDO PARA QUE TODOS PUEDAN PARTICIPAR, ESTO ES ATRAS DE LA ESCENA Y QUE NO PROVOCO UN PARO SINO QUE EL DIRECTOR GENERAL LEVANTO LA FUNCION? Quien nos devuelve la vida que perdimos en estos años de persecucion? de muerte de una compañera, de enfermedades varias, de angustias por demandas millonarias, de cesantias y fallos equivocos? QUIEN SE HACE CARGO DE ESTO. PORQUE DE UNA BUENA VEZ NO SE LE DA UN CARPETAZO A TODO ESTO Y SE EMPIEZA A ACTUAR LEGALMENTE? CON LOS DOS GREMIOS EN PARITARIAS, CON ESTRUCTURAS CONSAGRADAS, CON CONCURSOS INTACHABLES, CON BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO?

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